Abogados especialistas en función pública en Zaragoza
Nuestro despacho cuenta con más de 40 años de experiencia en Derecho Administrativo, interviniendo habitualmente en procedimientos relacionados con procesos selectivos y oposiciones, expedientes disciplinarios, reclamación de derechos profesionales y conflictos entre empleados públicos y administraciones públicas en Aragón.
Asesoramiento jurídico a funcionarios y empleados públicos
En la práctica, muchos conflictos no dependen solo del fondo sino de cómo se ha tramitado el procedimiento. Por ello es fundamental analizar cada caso atendiendo tanto a la decisión adoptada como al procedimiento seguido por la Administración.
Abogados especialistas
Servicios jurídicos en materia de función pública
Procesos selectivos y oposiciones
En estos casos, un análisis técnico del procedimiento permite determinar si existen fundamentos jurídicos para su revisión y, en su caso, plantear la impugnación dentro de los plazos establecidos.
Expedientes disciplinarios
La defensa en estos casos se centra en intervenir en el procedimiento, para garantizar el derecho de defensa del expedientado, comparecer en la declaración, proponer prueba, intervenir en la práctica de prueba, escrito de alegaciones, todo ello para asegurar el respeto a todas las garantías —audiencia, prueba, motivación— y valorar si la calificación de los hechos y la sanción impuesta resultan ajustadas a Derecho. En cualquier caso, si la falta impuesta es desproporcionada, impugnamos la Resolución ante los Juzgados.
Reclamación de derechos profesionales
Determinadas cuestiones relacionadas con la carrera administrativa, como retribuciones, reconocimiento de derechos o situaciones administrativas, pueden ser objeto de revisión cuando no se ajustan a la normativa aplicable.
En estos casos, el asesoramiento jurídico permite plantear la reclamación de forma fundamentada, teniendo en cuenta tanto la normativa como los criterios aplicados por la Administración.
Despacho especializado en Derecho Administrativo en Zaragoza
El despacho está dirigido por Clemente Sánchez-Garnica Gómez, letrado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y Profesor Asociado de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza durante 25 cursos académicos (1987-2012).
Esta combinación de práctica y trayectoria docente permite abordar los asuntos con un enfoque centrado en la viabilidad real de cada caso y en la estrategia más adecuada en cada momento, tanto en vía administrativa como ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Preguntas frecuentes sobre función pública
¿Cuándo merece la pena recurrir una decisión de la Administración?
No todas las resoluciones deben recurrirse automáticamente. Es necesario analizar si existen defectos en el procedimiento, falta de motivación o una aplicación incorrecta de la normativa. En muchos casos, la viabilidad del recurso depende tanto del fondo del asunto como de cómo se ha tramitado el expediente, por lo que una valoración previa resulta clave antes de iniciar cualquier actuación.
¿Qué plazo tengo para recurrir una resolución administrativa?
Con carácter general, el plazo es de un mes en vía administrativa (recurso de alzada o reposición) y de dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa, si la Resolución desestimatoria es expresa. Estos plazos pueden variar según el tipo de procedimiento, son de caducidad, y una vez transcurridos la resolución puede convertirse en firme.
¿Es obligatorio acudir a juicio para defender mis derechos como funcionario?
No necesariamente. En muchos casos, el conflicto puede resolverse en vía administrativa mediante la interposición de un recurso bien fundamentado. Solo cuando la Administración mantiene su criterio o no corrige la situación, se valora acudir a la vía judicial.
¿Qué importancia tiene el expediente administrativo en estos casos?
El expediente es esencial: recoge todas las actuaciones realizadas por la Administración. Su revisión permite detectar posibles irregularidades en la tramitación, errores en la valoración o falta de justificación de la decisión adoptada. En muchos procedimientos la defensa se construye precisamente sobre ese análisis.
¿Puedo reclamar si la Administración ha aplicado incorrectamente unas bases o criterios?
Sí. Cuando una convocatoria, valoración o decisión administrativa no se ajusta a lo previsto en la normativa o en sus propias bases, puede ser objeto de revisión. Es relativamente frecuente en procesos selectivos y en decisiones sobre carrera profesional, y requiere un análisis jurídico detallado para determinar la vía adecuada.